El sábado pasado, debido al proceso de descentralización de El Movimiento, asistí a la primera asamblea organizada en mi pueblo. En ella se trataron y votaron por consenso los siguientes puntos:
*Reforma electoral encaminada a una democracia más representativa y de proporcionalidad real y con el objetivo adicional de desarrollar mecanismos efectivos de participación ciudadana.
*Lucha contra la corrupción mediante normas orientadas a una total transparencia política.
*Separación efectiva de los poderes púbicos.
*Creación de mecanismo de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política.
Lo que escribo a continuación es fruto de mi propio pensamiento y no vincula a la asamblea:
No, nos generalizaciones. Muchos son partes de nuestra democracia que se pactaron en su momento, en un momento de inestabilidad en el que había que pisar con pies de plomo, que va siendo hora de cambiar.
No sé si mis compañeros (lo siento, a mí lo del género inclusivo no me va) se han dado cuenta de que el primer punto tiene mucho que ver con el estado de las Autonomías. Si un partido se presenta en una Comunidad Autónoma como circunscripción electoral es el porcentaje de votos en esa Comunidad lo que le sirve para obtener el suficiente para tener representación en la Cámara Baja. Si la circunscripción electoral es estatal se tiene en cuenta el porcentaje a nivel general.
La lucha contra la corrupción creo que es algo que no necesita explicación. Deberían acelerarse los procesos abiertos contra aquellos incluidos en las listas (nadie niega la presunción de inocencia, pero debería crearse un sistema para resolver estas causas pendientes antes de la formación del as listas). La declaración patrimonial debería ser real, pública y efectiva, y, por supuesto, controlada.
Con respecto a la separación de poderes, algo sobre lo que se sustenta nuestra Democracia, es indignante que dos de los órganos más relevantes del Poder Judicial sean órganos absolutamente politizados: el Consejo General del Poder Judicial, órgano de control y gobierno del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, la más alta instancia, el lugar último donde defender nuestros derechos fundamentales, la legalidad de las normas, la coherencia constitucional. Pero no solo se trata del Poder Judicial. También está comprometido el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo tiene dos vías posibles para legislar, algo incongruente de por sí. Una es por delegación, opción restringida y controlada por el Congreso. Otra, la que llevamos sufriendo durante este tiempo de crisis, es el Decreto-Ley, algo que solo puede hacerse en caso de URGENCIA, que no necesita previa autorización del Congreso. Pues bien, échenle un vistazo al B.O.E, y vean la cantidad de “casos urgentes” que han requerido de esta medida arbitraria.
El último punto es de recibo para todos aquellos que deseamos tener voz y voto en los asuntos que nos conciernen. Referéndums vinculantes sobre los asuntos de gran trascendencia, adecuación de los medios informáticos para que estos se puedan llevar a cabo más fácilmente, plataformas de ciudadanos para hacernos oír,… ¿Alguien piensa que todo esto es descabellado?
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Se trataron muchos temas paralelos que surgieron de las distintas aportaciones de los allí reunidos, entre ellas el voto de los residentes extranjeros (las mismas obligaciones que los españoles con menos derechos), la adecuación de estas acciones al plano local, la educación al ciudadano para conocer y poder juzgar las leyes,…
El martes que viene más.
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| Comunicado de la Asamblea enviado a Sol |
